Respuesta del colectivo Tabona al ayto. de Güimar

En respuesta a la noticia publicada en el canariasahora.es el día 26/07/2007 en la que el Ayuntamiento de Güímar ratificaba la legalidad de la Urbanización Almirante, el colectivo ecologista Tabona quiere expresar las siguientes manifestaciones:

El 12 de Enero de 2007 se publicó la Ley 13/2006, de 29 de Diciembre, de ampliación de la Reserva Natural Especial a la totalidad del Malpaís de Güímar, en la que se delimitaba el área de dicha reserva natural especial. Está ley vio la luz gracias a una iniciativa legislativa popular apoyada con la firma de mas de 23.000 personas.

Pero además esta Ley de Iniciativa Popular, en el apartado 5 del preámbulo, tenía en cuenta la preservación de los espacios naturales protegidos mediante zonas que sirvan de colchón amortiguador frente a los usos de mayor impacto paisajístico y ecológico en las proximidades. Se entiende por tanto que en la disposición adicional de dicha Ley se tuviera en cuenta que las actuaciones en terrenos públicos obtenidos en ejecución del Plan Parcial del Puertito de Güimar, que se realicen en la zona colindante a la reserva natural especial tengan que respetar las características paisajísticas del entorno, así como los especímenes y comunidades características del ecosistema de mayor valor existentes en dicha zona.

No se entiende entonces que el Ayto de Güímar haya concedido una licencia, para la construcción en la zona colindante a este espacio natural, de un edificio de 5 plantas de altura de 28 viviendas y garajes. No creemos que dicho edificio respete las características paisajísticas del entorno ni a los espécimenes de alto valor ecológico de Cardonal y Tabaibal que ya estan siendo afectados por las obras, las cuales se iniciaron con licencia de obra menor y sin que estuviese el pertinente trazado previo de calles, ni ejecución de la infraestructura urbanística oportuna. De hecho ha habido una modificación de la urbanización de la calle Almirante Cervera, donde se sitúa el edificio, después de iniciada esta obra.

Pero sorprende aún mas que estas obras se iniciaran sin que el Gobierno de Canarias haya elaborado el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la zona.

Llama también la atención que el mencionado edificio que se pretende construir se sitúe a escasos 15 metros de la costa, mientras que haya poblaciones costeras ya asentadas en este, y otros municipios, en peligro de demolición en cumplimiento a la Ley 22/1988, de Costas. ¿somos todos iguales ante la Ley de Costas?

¿Se entendería un rascacielos en el limite del Parque Nacional del Teide?

¿Hará cumplir el Ayto. esta Ley de Iniciativa Popular cuyo nacimiento se debe al apoyo de más de 23.000 personas?

¿ Van a permitir la construcción de grandes edificios en nuestro litoral mientras se están tirando otras casas en nuestras costas?

¿Sigue ratificando el Ayto de Güímar la legalidad de la urbanización Almirante?

Güímar, 28 de julio de 2007