El proyecto del puerto de Granadilla: excusas sin fundamento

Federico Aguilera Klink
Catedratico de economía aplicada
Universidad de La Laguna

Las excusas, que no argumentos, usados para intentar justificar la construcción del Puerto de Granadilla carecen de fundamento. Cuando el Gobierno de Canarias se da cuenta de que no es capaz de convencer con argumentos, porque carece de ellos, a las personas que argumentadamente nos oponemos a la construcción de dicho proyecto, decide aprobar el 6 de Mayo de 2002 un Decreto por el que “Se declara de interés público de primer orden la construcción del Puerto de Granadilla por las razones imperiosas de interés económico y social expuestas, en especial:

-porque la construcción de un nuevo puerto en la isla de Tenerife constituye una necesidad inaplazable por el agotamiento de la capacidad de las actuales instalaciones de las que depende la economía insular.

-porque no existe otra localización viable en toda la isla de Tenerife que la prevista en Granadilla, no constituyendo una ampliación de las actuales instalaciones portuarias una alternativa posible.” (Gobierno de Canarias, 2002).

Una muestra de la poca seriedad del acuerdo del Gobierno de Canarias consiste en que cita, como argumento de autoridad, la existencia de un Informe elaborado por la Viceconsejería de Economía y Comercio de la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio (del propio Gobierno de Canarias) en el que “se concluye que a un ritmo de crecimiento por debajo de lo previsible (entre un 4 % y un 6 %) se produciría una saturación de las actuales instalaciones portuarias de la isla de Tenerife antes del 2008, circunstancia que tendría importantes consecuencias negativas de índole social y económica, dado que la práctica totalidad de los insumos y productos terminados que recibe la isla llegan por vía marítima” (Gobierno de Canarias, 2002: 2).

La realidad, con los datos propios de la Autoridad Portuaria de Tenerife, es que el puerto de Santa Cruz de Tenerife no sólo no está agotado sino que está infrautilizado, ocupando solamente el 65 por 100 de su capacidad en el año 2006. Pero en 2008 los datos de la Autoridad Portuaria señalan que no hay ningún signo de saturación sino, al contrario, de decadencia del mismo por la lamentable gestión que se está haciendo de él, no sólo por la crisis económica. Además, se está actualmente ampliando con fondos proporcionados por la Unión Europea pudiendo duplicarse su capacidad. De manera que las dos hipotéticas “razones imperiosas” que justifican la construcción del Puerto de Granadilla –agotamiento del puerto de Santa Cruz e incapacidad de ampliación del mismo- no existen, es decir, ni son razones ni son imperiosas sino una burda falacia o una megamentira.

Sin embargo, el papel jugado por la Unión Europea en toda esta historia ha sido lamentable pues ha aceptado esas supuestas razones imperiosas, a pesar de estar financiando la actual ampliación, habiendo decidido anteriormente que “no se puede ampliar el puerto de Santa Cruz”. Estas contradicciones muestran que Bruselas juega un papel fundamental como legitimador del discurso tramposo y no democrático de los grupos empresariales y políticos.

Concretamente, y en relación con el Puerto de Granadilla, el día 6 de noviembre de 2006, la Comisión Europea dio luz verde a un Dictamen en el que “…considera que el proyecto de nuevo puerto de Granadilla (…) puede realizarse por razones imperiosas de interés público de primer orden siempre y cuando se adopten a su debido tiempo cuantas medidas compensatorias sean necesarias para garantizar que la coherencia global de la red Natura 2000 quede protegida” (Dictamen, p.9).

¿Qué argumentos muestra dicho Dictamen para apoyar la construcción del puerto? Se puede decir que son argumentos de muy baja calidad e incluso falsos. Así, aunque en la página 6, el Dictamen afirma, en un primer momento, que “Los servicios de la Comisión han analizado toda la información disponible en relación con las soluciones alternativas, entre las que se incluye la presentada en el contexto de las denuncias recibidas por la Comisión.”, más adelante, pero en la misma página, el Dictamen afirma que “En relación con las posibles alternativas a Granadilla como lugar para el nuevo puerto, la Comisión ha evaluado el dictamen de las autoridades, a saber, que Granadilla es el único lugar adecuado de Tenerife para el nuevo puerto”. Desde mi punto de vista, estos dos párrafos son totalmente contradictorios. Si la Comisión hubiera estudiado adecuadamente toda la información disponible, tal y como dice, difícilmente habría llegado a la conclusión a la que llega.

¿Por qué digo esto? Sencillamente porque para afirmar que Granadilla es el único lugar adecuado, la Comisión ha necesitado aceptar las falsedades de “las autoridades” de Canarias que, como hemos visto, no tienen ninguna base argumental, además de ignorar el enorme esfuerzo que se ha ido haciendo por parte de los movimientos sociales para presentar argumentos de calidad.

¿Qué es lo que acepta la Comisión? La citada página 6 del Dictamen recoge las razones para rechazar la opción de ampliar las instalaciones portuarias existentes en Santa Cruz y son las siguientes. He preferido exponerlas en un cuadro de doble entrada para facilitar al lector la evaluación de la calidad de los argumentos.

Haz click en la imagen para verla más grande

En definitiva, y dejando de lado las medidas compensatorias de los impactos ambientales que incluye el Dictamen, que no son nada más que un conjunto de excusas o pinturilla verde para tratar de “estar supuestamente a tono con determinadas preocupaciones ambientales” –como la de crear una Fundación independiente ( a estas alturas hablar de independencia es un sarcasmo) para que vigile el cumplimiento de las medidas compensatorias-, se puede afirmar que el Dictamen es un excelente ejemplo de burla a los argumentos de calidad presentados por los movimientos sociales y de connivencia entre los intereses políticos y empresariales que gobiernan la Comisión Europea, España y Canarias. Por eso, este Dictamen agrava el déficit democrático y consolida la farsa de la democracia. Repite la cantinela de “razones imperiosas de interés público”, que nunca se han mostrado, porque no existen, y que nunca se han aceptado debatir en público por los defensores del proyecto del puerto de Granadilla puesto que saben que carecen de argumentos. Así pues, la decisión tomada de manera profundamente autoritaria se “esconde” en la supuesta legitimidad de quien la toma, la Comisión Europea, y no en la legitimidad democrática obtenida por un procedimiento democrático que razona, escucha y debate con lo que la distancia entre políticos y ciudadanos cada vez es mayor empobreciendo esta ya débil democracia y deslegitimando a sus representantes.

¿Y las preocupaciones ambientales? No son nada más que obstáculos que la Consejería de Política Territorial ha ido desmontando. Ese es su papel, allanar el camino al crecimiento económico en nombre de la “protección ambiental”. Para eso está la Consejería. Los ecólogos lúcidos y honestos como el profesor Ramón Margalef lo sabían desde hace muchos años. En una entrevista que le hizo Jorge Wagensberg en 1980, Margalef afirmaba que las Evaluaciones de Impacto Ambiental se convertirían (cito textualmente) “en una especie de rito, de trámite. Estos estudios –pienso ahora en las centrales nucleares o térmicas- tienen el carácter de instancia con póliza de tres pesetas. Muchas de las cosas que nos piden a los ecólogos no tienen la menor importancia. Sirven, en todo caso, de adorno.”, efectivamente, como la propia Fundación Ambiental que “vigila” la aplicación de las medidas compensatorias de un disparate que no tiene sentido. De adorno está también la democracia en la que vivimos. Si no hacemos nada, cualquier día el Parlamento decidirá desclasificar la democracia en nombre de la democracia. O quizás no haga falta explicitarlo porque ya está desclasificada.