ANEXO II

Comunicado leído a las puertas de la Presidencia del Gobierno de Canarias al finalizar la manifestación que se celebró en la mañana del 29 de noviembre de 2008

Ciudadanas, ciudadanos:

Un año más, y van cinco con este, salimos a la calle para expresar nuestro rechazo a un modelo económico profundamente injusto, insolidario, generador de pobreza, destructor del territorio, del medio ambiente, de la salud, de la educación, de la agricultura, de la ganadería, de empleo precario. Un modelo económico que privatiza los beneficios y socializa las pérdidas. El capitalismo está en crisis y la solución no es refundarlo: es acabar con este sistema económico que explota a los trabajadores, embrutece a los ciudadanos, agudiza el egoísmo, promueve la competencia absurda entre personas, destruye el tejido social, el tejido comercial y fomenta un urbanismo que pretende acabar con los barrios, con los vecinos, con un modo de vida más humano.

Los precios de “la cesta de la compra” en Canarias han subido extraordinariamente (los más caros de todo el Estado español), afectando a la alimentación básica, ello es debido a un modelo económico que soporta una alta dependencia respecto del exterior y a las condiciones de insularidad y lejanía de nuestro territorio. Eso obliga al consumidor canario a buscar alternativas alimenticias en productos poco recomendables para la salud, dando lugar a que en Canarias se registren los peores índices de obesidad, diabetes e hipertensión arterial, constituyendo un grave problema de salud pública.

Por eso pedimos precios tasados y una profunda fiscalización y reforma del Régimen Económico de Abastecimiento: proponemos la puesta en marcha de un Banco Público de Alimentos que regule la entrada vía REA de productos básicos a precios baratos y ponga fin al monopolio de los importadores, que nos obligan a comer queso amarillo holandés -hasta 16 millones de kilos se importan cada año-, afectando gravemente a la salud de las personas, contribuyendo a la proliferación de enfermedades evitables con una alimentación sana.

Reclamamos políticas de control de precios de los alimentos, mediante el fomento de la producción local, principalmente agricultura, ganadería, pesca y la manufacturación de estos productos primarios, creando canales de comercialización y distribución públicos, que garanticen por un lado el crecimiento de la producción local, con gran demanda de puestos de trabajo, y por otro lado, precios dignos para los productos de los agricultores y ganaderos así como coste asequible para los consumidores.

Otros productos básicos y servicios esenciales también se ven afectados por la escalada de precios, los carburantes, la luz, el agua, servicios que se han privatizado todos. La única solución para abaratar los precios es nacionalizar la generación y distribución de energía y el agua.

A todas estas penalidades se suma el endeudamiento de las familias a causa de las hipotecas, por las variaciones del precio del dinero mediante la subida de los tipos de interés por los bancos, son muchas las familias condenadas a perder, no sólo la vivienda, sino todo su patrimonio.

Sin embargo, según datos de la Agencia Tributaria, el 0,05 % de la población canaria (unas 1.000 personas) concentra una fortuna de 4.000 millones de Euros, un reflejo de la grave desigualdad social que padecemos en Canarias, donde los trabajadores reciben los salarios más bajos de todo el Estado Español, tenemos una tasa de paro que roza el 20%, con 600.000 personas bajo el umbral de la pobreza y 60.000 hogares que viven con menos de 500 euros al mes.

Denunciamos el robo que supone la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC), que desde que se puso en marcha en 1994 ha supuesto más de 20.000 millones de Euros, que, como vemos ahora, no han servido para generar puestos de trabajo, el supuesto objetivo final, por lo que exigimos la inmediata derogación de la RIC y la devolución de los impuestos no pagados a la Hacienda Pública, para así financiar la educación, la sanidad, la agricultura, la ganadería… Esos 20.000 millones de euros son beneficios producidos por los trabajadores y las trabajadoras canarias y si hubieran cobrado ese dinero no estaríamos hablando de las increíbles tasas de paro ni de la actual crisis que sufren los hogares canarios. NO A LA RIC.

Rechazamos las pretensiones de los empresarios de la construcción de que el dinero público financie obras de infraestructuras (Puerto de Granadilla, Cierre Del Anillo Insular..) en beneficio de los especuladores, como “fórmula” para afrontar la crisis capitalista. Más talento y menos cemento.

El cemento es ya el hambre de hoy y de mañana, pues siguen reduciendo la superficie apta para la agricultura en beneficio de los constructores de carreteras y los lobbys de la industria del automóvil. No se puede luchar contra el cambio climático y al mismo tiempo seguir promoviendo la compra de coches y la extensión de piche, asfalto y cemento. Eso no se come.

Afirmamos que el actual Gobierno de Canarias defiende los intereses de poderosos grupos de presión como Cámaras de Comercio, Federaciones de la Construcción, Círculos de empresarios, y su política desarrollista está provocando una destrucción alarmante e irreversible de nuestros recursos naturales (suelo agrícola, pesca...), y generando una dependencia alimentaria y energética respecto de las multinacionales, que están cercenando nuestro legítimo derecho a la soberanía.

Exigimos la democratización de la Justicia, para que meta en la cárcel a los ladrones y corruptos que se sientan en el Parlamento o en los Ayuntamientos, que nos roban en nuestra cara con total impunidad; exigimos la democratización de los medios de comunicación, en manos de unos empresarios conchabados con importadores de alimentos, constructores y grandes grupos transnacionales.

Por otro lado, denunciamos el carácter represivo de la política migratoria de la Unión Europea, con la sistematización de la retención de l@s migrantes en los centros de internamiento, el control militar de las fronteras… Rechazamos el concepto de Europa como fortaleza y exigimos el cierre de los 180 centros de internamiento que actualmente existen en suelo europeo. NO A LA DIRECTIVA DE LA VERGÜENZA. ¡NATIVA O EXTRANJERA, LA MISMA CLASE OBRERA!

Rechazamos la propuesta de las 65 horas laborales, destructora de una de las más importantes conquistas sociales como es la jornada de 40 horas, y que contribuirá a incrementar el desempleo. Solicitamos la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales, para repartir mejor el empleo. La liberación del ser humano y lo que se llama calidad de vida sólo se alcanzará aumentando las horas de ocio.
Por tanto, nos oponemos a la Europa del Capital, la que aprueba la directiva Bolkestein de privatización de todos los servicios públicos, la directiva de la vergüenza, el aumento de la jornada laboral a 65 horas semanales, la misma que pretende aprobar contra sus propias leyes el pelotazo del Puerto de Granadilla…

Exigimos el aumento de los salarios, de las pensiones y los subsidios al desempleo equiparados al salario mínimo interprofesional, así como una reducción significativa de la precariedad laboral, fomentando la estabilidad en las nuevas contrataciones. Queremos cobrar el mismo salario que reciben los diputados y concejales, pues todos representamos al pueblo. Nosotros somos el pueblo y no necesitamos que cuatro mangantes y corruptos nos representen de este modo. IGUALDAD SALARIAL; MISMO SUELDO QUE LOS DIPUTADOS.

Exigimos un incremento del gasto social en beneficio de los sectores sociales más vulnerables y sensibles (parados de larga duración, inmigrantes, mujeres, jóvenes, mayores....), así como potenciación de los servicios públicos (sanidad, educación, transporte, vivienda) y en particular de los servicios sociales, creando centros de atención en condiciones.

La crisis la deben pagar empresas y bancos que han amasado enormes beneficios a costa de las clases trabajadoras. Las Administraciones Públicas deben impedir, con su intervención, que sea el pueblo el que la sufra, y éste no puede quedarse de brazos cruzados. Sin embargo, el gobierno de Zapatero regala a bancos y cajas más de 150.000 mill. de €. De este modo, el Estado estará saneando los balances bancarios con cargo a las cuentas públicas. O dicho de otra forma, que los contribuyentes pagamos los excesos de los bancos. Con esto sólo asegura el salvamento de los banqueros responsables de la crisis, pero ni siquiera garantiza que llegue crédito a la economía real. El pueblo debe garantizar con su lucha que las cosas sean como tienen que ser. La solución es la democracia participativa, el Poder Popular. Debemos exigir a las administraciones públicas que actúen en beneficio de las mayorías sociales.

El sistema capitalista, con su crisis mundial financiera, inmobiliaria, energética, medioambiental, alimentaria y humanitaria, ha evidenciado su fracaso. Este sistema de relaciones injustas provoca que tres cuartas partes de la humanidad vivan en la pobreza, el despido masivo de trabajadores en los países industrializados y la extensión de la guerra como única salida de un sistema que se cae a pedazos. Ese es el problema. La solución pasa por construir otro modelo de desarrollo que garantice una vida digna a las personas y los pueblos, un modelo justo, social y solidario, basado en la cooperación entre los ciudadanos y las ciudadanas.

ANTE LA CRISIS, ORGANIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN

BASTA DE PRECIOS ABUSIVOS

NO AL PARO, LA PRECARIEDAD Y LA POBREZA

YA ESTÁ BIEN